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Desde agosto del año pasado en México resulta ilegal la subcontratación de personal y aquellas empresas que continúen implementándola serán castigadas por las autoridades.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en México existían 6 mil empresas de subcontratación que utilizaban la tercerización de personal de forma ilegal y cada año evadían el pago de cerca de 21 mil millones de pesos en impuestos, lo cual impedía que más de 4.6 millones personas recibieran sus prestaciones completas.

A pesar de que el denominado outsourcing ya debería haber desaparecido, en la STPS quieren asegurarse de que en verdad sea así.

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Por ello, desde esta semana comenzaron a realizarse de manera aleatoria más de 40 mil inspecciones a diferentes empresas de la industria para detectar cualquier indicio de subcontratación ilegal.

Cabe señalar que únicamente es posible subcontratar servicios especializados que no formen parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante de las empresas demandantes.

No obstante, las compañías que ofrezcan expertos para desarrollar ciertas tareas deben contar con la autorización de la STPS y estar inscritas en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

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Para garantizar que esto se cumpla, a la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo le otorgaron cerca de 60 millones de pesos adicionales de presupuesto anual con la misión de reforzar las inspecciones a las empresas.

La estrategia para detectar el denominado outsourcing se basa, entre otras cosas, en las respuestas de un cuestionario que deben proporcionar las empresas inspeccionadas.

Cabe mencionar que aquellas compañías que se nieguen a proporcionar la información requerida o bien que incurran en el outsourcing ilegal serán sancionadas con montos que van desde 22 mil hasta 4.4 millones de pesos, esto sin tomar en cuenta que en el Código Fiscal de la Federación a esta actividad se le considera un delito tipificado como defraudación fiscal.